Resumen: Revoca parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor responsable de dos delitos de abuso sexual cometidos sobre víctima menor de dieciséis años, con la atenuante muy cualificada de reparación del daño, que deja sin efecto atenuador alguna, con incremento de la pena. Acusado que somete a menor de 16 años a prácticas sexuales no consentidas. Presunción de inocencia y prueba de cargo bastante para neutralizar la presunción. Idoneidad del testimonio de la víctima para sustentar una convicción de culpabilidad. Juicio que corresponde al tribunal de apelación sobre la racionalidad de la valoración de la prueba realizada por el tribunal de primer grado. Prueba de testigos practicada en el juicio oral mediante videoconferencia y la preservación de principios como el de presencialidad e inmediación en la realización de las pruebas. Reparación del daño como circunstancia de atenuación. Elementos que deben concurrir para la apreciación de la atenuación de reparación del daño. No constan las circunstancias personales y económicas del acusado de las que pudiera deducirse que la consignación realizada le ha supuesto un especial esfuerzo. Consignación previa al juicio del importe que no alcanza la cuantía reclamada por las acusaciones, aunque coincide con la fijada en sentencia. No concurren los presupuestos para aplicar la atenuante de reparación del daño, ni siquiera en su modalidad de simple, aunque se toma el pago para la individualización de la pena.
Resumen: El recurso se desestima en cuanto a los motivos formulados por el condenado a 4 años de prisión por un delito de abuso sexual sobre menor de 16 años del art. 183.1 y 4.d CP (en redacción dada por la LO 1/2015). Se confirma la existencia de prueba de cargo suficiente, y la correcta apreciación del prevalimiento de una situación de superioridad, ya que opera tanto por razón del parentesco como por el abuso de superioridad. Asimismo, se confirma la correcta individualización de la pena y la cantidad reconocida en concepto de responsabilidad por el daño moral. No obstante, la modificación operada por la LO 10/2022 de 6 de septiembre, impone analizar la posible aplicación retroactiva de la ley penal posterior, lo que en el caso se rechaza. Los hechos se califican en la sentencia como constitutivos de un delito continuado de los arts. 183.1 y 4. d CP, la pena prevista para el delito era de 2 a 6 años y en virtud de lo preceptuado en el art. 183.4 del CP, la misma procede imponerla en su mitad superior, es decir de 4 a 6 años de prisión. Conforme a la regulación resultante de la L.O. 10/2022 los hechos tendrían cabida en los arts. 181.1 y 181.4.e CP. Los marcos penales resultantes de la aplicación tipos son idénticos a los utilizados por la sentencia, pena tipo de 2 a 6 años de prisión, imponible en su mitad superior, es decir de 4 a 6 años de prisión, por lo que no procede revisar la pena.
Resumen: Condena al recurrente como autor de un delito continuado de abusos sexuales del artículo 183.1.3 y 4 d) CP. Se le impone la pena máxima de doce años en atención a la gravedad de los hechos. Unos abusos sexuales a menor de edad durante cinco años con acceso carnal continuado y prevalimiento. Sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia. Función casacional cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Examen sobre la racionalidad de la prueba. Credibilidad de la víctima. La tardanza en denunciar es habitual en las víctimas de violencia sexual por miedo a la denuncia y a lo que vendrá detrás de ella. Se alega también infracción de ley ex art. 849.1 LECRIM. El motivo se desestima. Se plantean nuevamente cuestiones de naturaleza probatoria que exceden del cauce elegido. Se discute la individualización de la pena. El motivo se desestima. Es una alegación per saltum y el tribunal de instancia motivó razonadamente la pena de 12 años de prisión por la gravedad de los hechos. Adaptación a la Ley Orgánica 10/2022. No cabe rebajar la pena. Se impuso la pena máxima, no la mínima, en el arco de entre 11 y 12 años de prisión.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor responsable de un delito continuado de agresión sexual cometido sobre víctima menor de dieciséis con acceso carnal, y le absuelve de los delitos de prostitución y corrupción de menores. Acusado de treinta años que a través de internet inicia una relación con una niña de trece años, tutelada por la Administración, a quien convence para acudir a su domicilio en diversas ocasiones, en las que realiza diversas conductas sexuales incluida la penetración vaginal. Presunción de inocencia y prueba de cargo bastante para neutralizar la presunción. Testimonio de la víctima como única prueba directa de alcance incriminatorio. Elementos externos de corroboración del relato ofrecido por la menor. Juicio revisorio que corresponde al tribunal de apelación sobre la valoración de las pruebas realizada por el tribunal de primer grado. Juicio sobre la racionalidad de la valoración de la prueba.
Resumen: El recurrente fue condenado por abusar de dos de las nietas de su pareja. El hecho probado describe que el acusado, aprovechándose de la situación de familiaridad derivada de ser su abuelastro, entre otras acciones, obligaba a una de las menores a hacerle felaciones. Existió por tanto acceso carnal por vía bucal y prevalimiento. No ha trascurrido el plazo de prescripción. Se alega también vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. El motivo se desestima. La sentencia ha examinado y valorado hasta el mínimo detalle las pruebas de cargo y de descargo practicadas, motivando minuciosamente las razones que han llevado a la condena del recurrente. Se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El motivo se desestima. El Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado. Revisión de condena. El marco penológico aplicable con la ley posterior resulta más perjudicial para el condenado. Finalmente se de denuncia infracción de ley. Se considera incorrectamente aplicada la figura del prevalimiento y la continuidad delictiva. Las alegaciones se desestiman.
Resumen: Respecto a la valoración de la credibilidad del testimonio de la víctima, el control casacional no puede referirse a la posible existencia de alternativas a comparar con la sentencia que se recurre, sino que lo determinante para el éxito de la pretensión revisora ha de concretarse en la racionalidad de la convicción que el Tribunal de instancia realiza sobre ese testimonio, esto es, comprobar si la valoración es racional y fundada. Esta Sala ha venido proclamando que los Tribunales no están vinculados por las conclusiones de los peritos, salvo cuando éstos se basan en leyes o reglas científicas incontrovertibles, por lo que no puede prosperar cualquier alegación que pretenda fundamentar el error del juzgador "a quo" en las conclusiones de las pericias manejadas. Al margen de circunstancias excepcionales, que acrediten una efectiva lesión de especial entidad derivada de la dilación, la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años; plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del artículo 21.6ª del Código Penal El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que aparece expresamente reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos.
Resumen: El control en vía casacional sobre el respeto a la presunción de inocencia exige: i) depurar el material probatorio para expulsar de él la prueba ilícita o no utilizable por no venir revestida su práctica de las garantías imprescindibles (contradicción, publicidad); ii) a continuación, valorar el material restante comprobando si, en abstracto, era razonablemente suficiente para que el juzgador pudiese llegar a una convicción exenta de toda duda sobre la culpabilidad; y, iii) finalmente, testar si, en concreto, esa convicción está motivada de forma lógica. En principio, sentada la suficiencia en abstracto de la prueba y el ajuste a parámetros de lógica de la forma de deducir y razonar del Tribunal de instancia, el debate sobre la credibilidad mayor o menor de unos medios de prueba frente a otros, la interrelación entre todos ellos, el contraste entre la proclamada inocencia del acusado y los elementos de prueba testificales o de otro signo que apuntan en dirección contraria, queda agotado tras la revisión en apelación de lo decidido en la instancia. La predeterminación del fallo supone la utilización de expresiones con un contenido técnico jurídico específico que soslaya una narración de hechos despojada de valoraciones o “sobreentendidos” jurídicos.
Resumen: Quebrantamiento de normas y garantías procesales: aportación válida de prueba de grabación en vídeo. Denegación de la reproducción de testificales practicadas en juicio anterior anulado. Momento de declaración del acusado. Predeterminación del fallo: la referencia a los rasgos infantiles del menor no predetermina el fallo. Presunción de inocencia: el acusado se hallaba ante un menor de 14 años con rasgos infantiles delatadores. Concurre el delito de exhibicionismo: el acusado puso a disposición del menor tres fotografías explícitas, dos antes del encuentro sexual y otra más con posterioridad.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor responsable de dos delitos de abusos sexuales cometidos sobre víctima menor de dieciséis años. Acusado que aprovecha la visita de una nieta para realizar sobre ella tocamientos de carácter sexual. Presunción de inocencia y prueba cargo bastante. Valoración del testimonio de la víctima y del testimonio ofrecido por la esposa del acusado con versiones irreconciliables. Juicio revisorio que corresponde al tribunal de apelación sobre la virtualidad seguida para tales ambos testimonio por el tribunal que recibió directa e inmediatamente los testimonios. Testigo menor de edad en la fecha de los hechos que en la fecha del juicio ya ha alcanzado la mayoría de edad. Reproducción en juicio de la declaración testifical recogida a la menor de edad durante la instrucción sumarial, a pesar de que en el momento del juicio ya era mayor de edad. Delito de abuso sexual sobre víctima menor de dieciséis años. Subtipo agravado por el prevalimiento de la relación de parentesco. El prevalimiento se aprecia al ser el acusado el abuelo de la menor, junto al hecho de que, junto a su esposa, cuidaba de ella en el propio domicilio del acusado. Continuidad delictiva. Principio acusatorio y las limitaciones que impone al tribunal sentenciador. Principio de legalidad en la imposición de las penas. Responsabilidad civil y cuantificación del daño moral.
Resumen: El control casacional respecto a la valoración de la credibilidad del testimonio no puede referirse a la posible existencia de alternativas a comparar con la sentencia que se recurre, sino que lo determinante para el éxito de la pretensión revisora ha de concretarse en Ia racionalidad de la convicción que el Tribunal de instancia realiza sobre ese testimonio, esto es, comprobar si la valoración es fundada. El incidente de revisión ha de limitarse a comparar la pena impuesta con la que resultaría de haberse aplicado la nueva legislación, sin que sea factible aprovechar el trámite para corregir la aplicación que se hizo en su momento del derecho o los errores que pudieran haberse deslizado. Con relación a la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad deberá ser el tribunal de instancia quien determine, previa audiencia de las partes y, en su caso, si se considera necesario, de los menores que puedan verse afectados (que no consta que los haya), su concreto contenido y alcance a la luz del principio del superior interés de los menores. En el caso de que estos deban ser escuchados, la audiencia deberá practicarse en condiciones que minimicen riesgos de victimización o de afectación psicoemocional. A la hora de imponer una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, los tribunales estamos obligados a procurar cohonestar los fines retributivos y preventivos de la pena con la preservación del superior interés del menor.
